La España que entró en el siglo XVIII fue una España quebrada, debilitada, decepcionada por la Guerra de Sucesión que durante quince años dividió el país en dos clanes fratricidas, y que se vio entregada a manos de un vecino cuya historia recordaba un pasado demasiado cercano, bélico y de desconfianza. El tratado de Utrecht reconoció como nuevo rey de España a Felipe de Borbón, Delfín de Francia, hijo de Luis de Francia y nieto de Luis XIV, rey de Francia.
Sin embargo el temor al afrancesamiento y a la pérdida de identidad que generó la llegada del rey extranjero dejó rápidamente paso a un sentimiento común: el deseo de reformar el país. El nuevo rey asentó su política en los llamados “Decretos de Nueva planta”, que reorganizaron la administración territorial en busca de un centralismo controlador, y regeneró a partir de ahí la mayoría de los sectores ya caducos del país. Virginia León Sanz, en la obra coordinada por Ricardo García Cárcel, afirma en efecto que «las reformas suponen una clara ruptura con la práctica de gobierno del reinado del último Austria y marcan la vuelta del monarca al primer plano como motor de la política del Estado» (...)